Adiós a las motos por app en CDMX; gobierno va con todo contra estos servicios

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que tomará medidas legales y operativos en calle para prohibir el uso de motocicletas como transporte a través de aplicaciones móviles. 

Y es que empresas como Uber y DiDi, que ofrecen este tipo de servicio, no cuentan con autorización oficial para operar en la capital del país.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), estas plataformas funcionan de forma ilegal, sin cumplir con las normas de seguridad y sin permisos válidos. 

Cabe destacar que la decisión del gobierno responde a un contexto preocupante, en solo tres meses de 2025 se han registrado más de 7,500 accidentes con motos, dejando más de 4,000 heridos y 54 personas fallecidas.

La decisión de prohibir el uso de motos por aplicación no fue tomada al azar. En marzo de 2025, una mujer que viajaba como pasajera en una motocicleta de una de estas plataformas murió en un accidente en Paseo de la Reforma. El conductor perdió el control del vehículo y se impactó contra un árbol. Este hecho fue el punto de quiebre para que el gobierno actuara.

La Secretaría de Movilidad, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, activó el operativo “Salvando Vidas”. Esta campaña busca garantizar que los motociclistas usen casco certificado, cuenten con licencia de conducir tipo A1 o A2, no viajen con menores de 12 años ni excedan el límite de dos personas por moto.

Además, se advirtió a la población que viajar en moto por aplicación implica riesgos serios: no solo se incumple la ley, sino que también se pone en peligro la vida del pasajero. Por ello, las autoridades pidieron no usar estos servicios y optar por alternativas que sí estén reguladas.

Desde la perspectiva de las autoridades, el uso de motocicletas por aplicación en la CDMX representa un riesgo para la seguridad vial. 

La ciudad ha enfrentado un aumento importante en accidentes con motos, muchos de ellos relacionados con conductores no capacitados o sin documentos en regla.

La falta de regulación clara para estos servicios crea un vacío legal que deja indefensos tanto a pasajeros como a conductores. 

En este contexto, el gobierno considera que permitir este tipo de transporte sin supervisión aumenta la probabilidad de accidentes graves, y por eso ha decidido actuar con firmeza.

La estrategia también forma parte del Plan Integral de Seguridad Vial (PISVI), que busca reducir los siniestros de tránsito en la ciudad y mejorar las condiciones para todos los usuarios del espacio público, incluyendo peatones, ciclistas, automovilistas y motociclistas.