Aprehenden a MP y comandante de la AEI de Huatulco por desaparición de jóvenes de Tlaxcala

Acusados del delito de desaparición forzada cometidos en contra del grupo de jóvenes de Tlaxcala que fueron ejecutados y abandonados en límites con el estado de Puebla, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó dos órdenes de aprehensión en contra de O. A. H. V. y M. A. C. G., quienes se desempeñaban en Huatulco como Agente del Ministerio Público y Comandante de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), respectivamente.

La Fiscalía informó que luego de reunir pruebas contundentes, la FGEO presentó el caso ante la Jueza de Control, quien concedió las órdenes de aprehensión. Posteriormente, O. A. H. V., adscrito a Huatulco, y M. A. C. G., encargado de la comandancia en la misma localidad, fueron detenidos y puestos a disposición del Juez de Control.

El juez determinó la legalidad de la detención y se decretó la prisión preventiva para ambos, a solicitud de la FGEO, mientras se resuelve su vinculación a proceso.

Según el expediente penal, las víctimas fueron reportadas como desaparecidas en diferentes fechas de febrero de 2025 en diversos puntos de la región de la Costa oaxaqueña. Posteriormente, el 2 de marzo de 2025, sus cuerpos fueron localizados sin vida dentro de un automóvil abandonado en un paraje cercano a la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, en el municipio de San José Miahuatlán, Puebla, a unos metros del Puente Calapa.

Las investigaciones continúan y la FGEO también mantiene abiertas líneas de indagación sobre la posible complicidad de elementos de la Policía Municipal de Santa Cruz Huatulco con células delictivas locales.

“Las líneas de investigación apuntan a la complicidad con células delictivas locales de la Costa, por lo que se realizan operativos legales para dar con su paradero”, precisó la FGEO.

La FGEO reiteró su compromiso con la legalidad y aseguró que sus funcionarios están sujetos a las normativas vigentes. En caso de incurrir en conductas delictivas, se aplicarán estrictos protocolos de control interno, reafirmando la política de cero tolerancia ante cualquier acto ilegal dentro de la institución.